Libia: Amnistía Internacional previene contra la expulsión de personas de nacionalidad eritrea

En una carta remitida a las autoridades libias el 11 de julio, Amnistía Internacional pedía a las autoridades que no devolvieran contra su voluntad a ningún solicitante de asilo eritreo a su país, habida cuenta de que allí corrían grave peligro de sufrir tortura y otras violaciones graves de derechos humanos.

Según los informes, unos 700 nacionales eritreos que huyeron de Eritrea para solicitar asilo en otro país están recluidos en el centro de detención de Mistarah, situado 1.000 kilómetros al este de Trípoli, y podrían estar en peligro de expulsión. Informes recibidos apuntan a que las autoridades libias tomaron medidas preliminares el 21 de junio de 2008 para devolver a Eritrea ese mismo día a unos 230 de los detenidos eritreos, y los engañaron comunicándoles que iban a llevarlos a Italia en avión para su reasentamiento. Las autoridades encargadas de su custodia prepararon “salvoconductos” y fotografías de los 230 detenidos tomadas en fechas previas, y que les dieron instrucciones para prepararse para un reconocimiento médico y su traslado al aeropuerto. Hasta el momento, ningún detenido ha sido expulsado del centro de detención de Mistarah. Sin embargo, algunos detenidos temen que su expulsión a Eritrea sea inminente y que simplemente haya sido aplazada debido a la intervención de la Oficina del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).

La mayoría de las personas de nacionalidad eritrea recluidas, de las cuales unas 60 son mujeres y 30 son menores de edad, figuran en el registro de la Oficina del ACNUR en Trípoli. Aunque Amnistía Internacional toma debida nota de que las autoridades libias permiten a la Oficina del ACNUR en Trípoli y a sus asociados en la ejecución que visiten periódicamente el centro de detención de Mistarah y dispensen asistencia médica y alimentaria, a la organización le preocupan los informes que apuntan a que los detenidos están recluidos en condiciones inhumanas.

A Amnistía Internacional le preocupa que, de ser devueltos a su país, estos nacionales eritreos serían detenidos a su llegada y estarían gravemente expuestos a sufrir tortura como castigo por “traicionar” a su país o por desertar del servicio militar, y a ser recluidos en régimen de incomunicación por tiempo indefinido sin haber sido juzgados ni acusados. En 2004, el ACNUR dio directrices a todos los gobiernos pidiendo que se examinaran escrupulosamente las solicitudes de asilo presentadas por eritreos y pronunciándose en contra de devolver a Eritrea los solicitantes eritreos rechazados en vista del historial de graves violaciones de derechos humanos que tenía el país. Las directrices siguen vigentes.

Información complementaria

Libia no es Estado Parte en el Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Además, según la información de que dispone Amnistía Internacional, Libia no había firmado ningún acuerdo de cooperación para una presencia formal del ACNUR en el país. Eso significa que las oportunidades de presentar una solicitud de asilo al ACNUR son limitadas. La legislación nacional no establece procedimientos que permitan a los solicitantes de asilo presentar una solicitud de reconocimiento de su condición de refugiados a las autoridades libias.

Libia, como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención por la que se Regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África –de la Organización de la Unidad Africana (OUA)–, tiene la obligación de no devolver a ninguna persona a un país en el que pueda correr peligro de tortura o en el que “su vida, su integridad corporal o su libertad estarían amenazadas”.